Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Rafael Caro Quintero es un hombre que no sólo compró todas las joyas, armas, vehículos y mujeres que el dinero pudo comprar. Por encima de esto, el narcotraficante liberado semanas atrás fue un comprador de hombres. Y no de hombres comunes y corrientes, sino de aquellos colocados en una de las áreas más sensibles del Estado mexicano durante el último período de la Guerra Fría: la agencia de inteligencia mexicana, la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Los detalles de cómo el marihuanero sinaloense tasaba el valor de la conciencia de directores, comandantes y agentes de la DFS –la versión muy a la mexicana de la CIA estadunidense, la KGB soviética y la Stasi alemana– aparecen en el expediente del asesinato del periodista Manuel Buendía.
Caro Quintero, el narcotraficante que salió libre semanas atrás, posee una poderosa relación con el primer asesinato, o al menos el más notorio homicidio, de un periodista mexicano por su conocimiento de las relaciones entre el narcotráfico y las autoridades, más precisamente aquellas que deberían combatirlo.
Los documentos obtenidos por SinEmbargo muestran que el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, tiene como precedente el asesinato del periodista Manuel Buendía, perpetrado en 1984.
La ambivalencia de agentes-narcotraficantes adquirió mayor relevancia al interior de la Brigada Especial, el cuerpo secreto que persiguió a la guerrilla comunista. José Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS en los años en que Caro Quintero adquirió la agencia mexicana, había sido secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los diseñadores de la cacería de guerrilleros durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.
El recorrido documental ofrecido para hoy y los siguientes días muestra cómo los cárteles mexicanos son corrientes originarias de ese pacto entre contrabandistas de drogas y la policía política mexicana en tiempos del presidencialismo mexicano, los días en que la leyenda negra del PRI asegura que nada ocurría en el país sin el conocimiento del Presidente.
Es el relato de los días en que un grupo de marihuaneros sin la secundaria concluida refundaron la patria e instauraron la República de las Drogas.
Caro, el hombre que compró al Estado
I. Todo lo que brilla es oro
Todo en él resplandecía: la sonrisa bajo el grueso bigote, el cuerno de chivo en las manos, la melena revuelta bajo el sol de Guadalajara, las cadenas de oro que colgaban de su cuello y las esclavas en sus muñecas, los pantalones de mezclilla ajustados y la camisa abierta en el pecho.
Pero lo que más relucía en ese hombre alrededor de sus treinta el 9 de febrero de 1985 era su charola, su identificación como agente de la ley: Pedro Sánchez Hernández.
Ninguno de los dos grupos bajaría los fusiles de asalto. Las ansias por echar bala silabeaban como si los tiros ya anduvieran fuera del cargador.
Dos días antes, Guadalajara se puso a punto de ebullición por la desaparición del agente de la DEA Enrique Camarena a las afueras del consulado.
Cuando los directivos en la Ciudad de México y Washington revisaron las incontables advertencias que su personal hizo respecto del nuevo ascenso del narcotráfico mexicano y su carrera por la supremacía en el mercado de las drogas de Estados Unidos, los jefes de la DEA y el FBI quitaron la atención de las peripecias de colombianos y dominicanos y voltearon al sur.
El primer dato que brincó fue el reciente exterminio de un campo de marihuana, propiedad de Rafael Caro Quintero donde se destruyó la mayor cantidad de marihuana en la historia, unas 8 mil toneladas sembradas en un terreno de mil hectáreas atendidas por 10 mil jornaleros. El lugar, en medio del desierto de Chihuahua, era evidencia de que el gobierno mexicano estaba más que coludido. El hallazgo pasó oficialmente a la cuenta de Camarena, quien llegó al sitio con información del piloto mexicano Alfredo Zavala, también ausente.
Los ejecutivos de las agencias norteamericanas se encontraron también con las quejas no atendidas de sus propios agentes de campo respecto a que en México el narcotráfico y la policía eran básicamente la misma cosa. La desaparición ya con claro olor a muerte de uno de los suyos era demasiado y una estampida de gringos rabiosos se precipitó sobre la capital de Jalisco, capital del narco mexicano luego de la Operación Cóndor lanzada sobre la Sierra de Durango, Sinaloa y Chihuahua.
Armando Pavón trabajaba con toda la autoridad en Guadalajara desde la ausencia de Kiki Camarena. Era el primer comandante de la Policía Judicial Federal y encargado de la investigación de los levantones de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. Con el agente muy probablemente muerto y el asunto ya manejado como afrenta nacional, los estadunidenses exigieron todas las garantías al gobierno mexicano de ir tras los secuestradores de Kiki, como llamaban al carismático policía México-americano.
El Procurador General de la República, Sergio García Ramírez, emplazó a Jalisco a su mejor hombre, Armando Pavón, cuya primera orden en el caso le fue dada el 9 de febrero de 1985. Asistiría a tres agentes de la DEA de apellidos Aguilar, Leyva y Delgado en el aeropuerto de Guadalajara en la búsqueda de aviones propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, jefe de la organización junto con Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Pavón también recibiría más personal norteamericano que aterrizaría en ese lugar durante las siguientes horas.
Pavón pidió el apoyo de otros dos comandantes de la Policía Judicial Federal y 24 policías de la misma fuerza. Junto con los tres hombres de la DEA, el grupo se concentró en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR).
–Comandante, por ahí anda un cabrón armado, dos o tres hangares para allá –susurró un operador a Pavón.
El jefe de la judicial federal ordenó al grupo desplazarse al lugar y rodearlo. Al llegar, encontraron que no era un hombre, sino 15 y todos armados con rifles AK-47 alrededor de un jet Falcon blanco con rayas amarillas. Cada quien apunto a alguien del otro bando.
–¡Bajen las armas, hijos de la chingada! –rugió Pavón.
–¡Bájenlas ustedes! –respondieron desde el otro lado.
Las hileras de Kaláshnikov estaban separadas por 30 ó 40 metros. Con pocos recovecos sobre la pista, excepto los disponibles en el avión, el primer disparo significaría una matanza.
Detrás, el piloto apagó los motores. Desde la torre de control se impidió el aterrizaje de un helicóptero con dos asesores norteamericanos.
–¡Federales!
–¡Federales nosotros!
–¡Judicial Federal! –anunció uno de los agentes al lado de Pavón
–¡Dirección Federal de Seguridad! –respondieron del lado de los hombres que custodiaban el jet.
–¡Judicial del Estado! –terciaron algunos acompañantes de los anteriores.
–¡Tranquilos, tranquilos todos! Vamos a identificarnos –propuso alguien.
–¡Que se acerquen los comandantes!
Pavón relajó la guardia y caminó hacia el frente. Del otro lado, un hombre al inicio de sus treinta hizo lo mismo y se encontraron a media pista, a un metro de distancia.
Se estudiaron como dos perros extraños se miden.
Revisaron las identificaciones: Armando Pavón, de la Judicial Federal, y Pedro Sánchez, de la Federal de Seguridad.
–¡Todo en orden, bajen las armas!
Así hicieron, pero nadie abandonó sus posiciones.
Armando Pavón y Pedro Sánchez hablaron en voz baja. Nadie alcanzaba a escucharlos. Cada uno asentía mientras el otro hablaba. Pavón diría que Sánchez le explicó que habían concluido su trabajo en Guadalajara y volvían a la Ciudad de México. El piloto del avión dijo a otro comandante de la Judicial que en realidad salían a Culiacán, pero en ese momento no se comentó la discrepancia o simplemente se ignoró.
Aún sobre el asfalto, la actitud de los comandantes de cada grupo se relajó hasta la risa franca. Se abrazaron efusivamente de acuerdo al ritual mexicano: fuertes palmadas en la espalda y las nalgas bien echadas hacia atrás para dar cabida a las barrigas. Pavón pasó el brazo por la espalda de Sánchez y caminaron hacia el hangar de la PGR. Continuaron el diálogo durante unos 10 ó 15 minutos en el segundo piso del edificio de gobierno. El comandante de la Judicial dejó a su colega y buscó un teléfono. Discó y sostuvo una conversación telefónica de otros 10 ó 15 minutos.
Un acompañante de Sánchez mostró una identificación a nombre de Jesús Gutiérrez o González, también de la Federal de Seguridad. El resto de ese grupo pertenecía a la misma policía política o a la estatal de Jalisco.
–Que se retiren, son compañeros –resolvió Pavón con sus comandantes. –Aunque son de otra corporación –explicó a los agentes de la DEA, quienes siguieron la escena con más desagrado que desconfianza por el ritual del abrazo y los excesos de las joyas. –¡Bien, todo está bien! –anunció Pavón a todos los presentes y apenas terminó de decir esas palabras, el capitán del avión encendió la máquina; cuando echó a andar el segundo motor, Pavón y Sánchez se propinaron una última palmada en el hombre.
Del grupo de la Federal de Seguridad, seis abordaron el avión y los demás subieron a cuatro sedanes Ford. Los agentes de la Judicial Federal permanecieron en el aeropuerto en la búsqueda de los aviones de Félix Gallardo. La sonrisa de Sánchez refulgió arriba de la escalinata más que todo el oro que ese hombre cargaba bajo el sol del occidente mexicano.
***
Pavón se dirigió nuevamente al teléfono y se comunicó con un superior.
–Si quieres que aprehendamos al Cochiloco (Manuel Salcido, otro jefe del Cártel de Guadalajara) y a Caro Quintero nos tienes que proporcionar fotografías y datos las personas. Acabamos de tener un enfrentamiento con elementos de la Federal de Seguridad, Gobernación y Judicial del Estado –requirió Pavón ante personal técnico del hangar a los que luego ordenó que se fueran.
En realidad sí existían fotografías. Alguien se preguntó quién era el agente Pedro Sánchez Hernández, hurgó casi nada en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y encontró que formalmente ese nombre no coincidía con la lista oficial de agentes. Lo mismo con el sujeto de apellido González o Gutiérrez.
No era difícil adivinar: el sonriente Pedro Sánchez no era otro que el (más) sonriente Rafael Caro Quintero.
¿Cómo explicó Pavón el garlito? Así se defendió el hombre de confianza del Procurador General de la República:
“No tenía informes de que en ese avión viajara Rafael Caro Quintero y nunca lo he visto, pues, nunca nos proporcionaron fotografía ni retrato hablado. Se identificaron como policías, se verificó el interior del avión y los agentes de la DEA no nos hicieron saber que esa aeronave fuera propiedad de algún narcotraficante, ni que ahí se encontraba Caro Quintero”.
El 11 de abril de 1985 el comandante Pavón fue consignado por el delito de cohecho por permitir la fuga de Quintero a cambio de 60 millones de pesos.
El gobierno de Estados Unidos, aguijoneado al punto que el Presidente Ronald Reagan habló en un tono más que agrio con el Presidente Miguel de la Madrid por el asesinato de Camarena, entendió el saludo de Caro antes de cerrar la puerta del jet como un manotazo en la requemada nuca del Tío Sam.
II. Los infiltrados
José Antonio Zorrilla Pérez nació el 15 de mayo de 1942 en Zimapán, Hidalgo. En ese tiempo había un montón de caseríos dispersos en el semidesierto mexicano que no superaba los 15 mil habitantes.
Quedó huérfano de padre a los cuatro o cinco años de edad. Comenzó a trabajar joven, hacia los 14 años, como empleado de una juguetería. Fue mensajero, vendedor, ajustador de cuentas y líder juvenil de la Confederación Nacional Campesina, sector agrario del PRI.
Estudió economía en la UNAM y, durante su larga reclusión en diferentes penales del Distrito Federal, obtuvo el título de derecho, también por la Universidad Nacional. Se casó a los 21 ó 22 años de edad y tuvo tres hijas. Zorrilla vivía con su familia en la calle de Teolongo, en la colonia Jardines del Pedregal. Llevado de la mano por su padrino político, Fernando Gutiérrez Barrios, fundador del sistema de espionaje mexicano, Zorrilla alcanzó al comienzo de sus 40la titularidad de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política mexicana que mantuvo la prioritaria tarea, para el régimen priista, de aplastar la guerrilla comunista de las décadas60, 70 y 80, y para esto había un cuerpo especial.
La Brigada Especial de la DFS proporcionaba al gobierno estadunidense el invaluable servicio de perseguir la disidencia comunista mexicana y, tal vez más importante que esto, seguir la pista de agentes cubanos y soviéticos. La Brigada Especial o Blanca –para establecer un antagonismo con la Brigada Roja de la guerrilla– existió como consecuencia de la Guerra Fría y del primer interés de Estados Unidos para que su patio trasero se mantuviera, al menos, blanco. Nunca rojo.
Las señales de la connivencia entre narcotraficantes y policías –o cada cual algo del otro en mayor o menor medida– eran inocultables. Los propios agentes de la DEA desplegados en México, y particularmente en Guadalajara, mantenían el reclamo a sus jefes apostados en la Ciudad de México de desatender el problema de las complicidades a favor de la “relación especial” con México.
En Washington parecían preguntarse: ¿Qué importa si esos muchachos de piel oscura, bigotes ralos y revólver pronto también rompen de vez en cuando la ley para ganarse algunos dólares? Venido abajo el Bloque Socialista, son las drogas, sin duda, el primer argumento de intervención de América en Las Américas.
José Antonio Zorrilla Pérez dirigió la DFS entre el 16 de enero de 1982 y el 1 de marzo de 1985, según consta en los archivos de la Secretaría de Gobernación. El período coincide con el de la consolidación del Cártel de Guadalajara, en realidad un pacto de sinaloenses que migraron a Jalisco abrumados por la erradicación de marihuana en la Sierra Madre Occidental promovida por Estados Unidos y efectuada por México. El lapso de tiempo también incluye los asesinatos de Buendía y de Camarena y, a pesar de que ambos casos se relacionan en un mismo expediente, el gobierno estadunidense nunca insistió en el establecimiento de la conexión.
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Javier Ortiz García ingresó a la Dirección Federal de Seguridad en 1982. Al poco tiempo fue nombrado agente efectivo con su sueldo respectivo. Se le comisionó como trabajador en casa de la familia Zorrilla Pérez con funciones equiparables a las de un valet.
Ortiz García observó el gusto de su jefe por los caballos y le comentó que él mismo sabía de su cuidado, así que el director Federal de Seguridad encargó al joven policía que montara los caballos que él no cabalgara. Zorrilla ocupaba de una a dos horas del día en el lienzo charro de la Ciudad de México o un club hípico en El Ajusco, aparentemente propiedad del dueño de aceites Bardahl.
Esto permitió al caballerango conocer la agenda de su jefe, misma que detalló en 1988, en los meses previos a que el mundo se le cayera encima a Zorrilla. Durante los días de poder, el funcionario atendía los primeros asuntos de su agenda temprano, en casa, antes de salir a montar. Ortiz declaró que uno de los más asiduos visitantes era el comandante Rafael Chao López, coordinador de la DFS en Nuevo León y Tamaulipas.
Chao López, según Ortiz García, se apersonaba cada vez con un maletín lleno de dinero —producto, según otros agentes, de la cuota cobrada por Chao López a los narcotraficantes y polleros por pasar drogas y migrantes a Estados Unidos—. Otros comandantes destacados en otras regiones del país también entregaban cuotas del mismo modo.
El mismo Caro Quintero dio dinero en efectivo al funcionario. Y no sólo dinero.
“Rafael Caro Quintero montó en algunas ocasiones a caballo con el licenciado José Antonio Zorrilla Pérez [...] Al parecer se le había proporcionado una credencial como miembro de la corporación [...] Caro Quintero le regaló un Grand Marquis gris, blindado y un caballo retinto que se llevó Zorrilla al Campo Militar Uno, donde también en ocasiones acudía a montar”, detalló Ortiz García.
Todo el asunto de Zorrilla vendría a cuento porque fue él quien urdió el asesinato de Manuel Buendía, periodista que, según las investigaciones, estaba a punto de publicar una relación entre narcotraficantes y políticos y en la lista de conexiones estaría de manera estelar la que existía entre Zorrilla Pérez y Caro Quintero.
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Habló Rafael Chao López, coordinador de Tamaulipas y Nuevo León:
“Por instrucciones del licenciado Zorrilla Pérez, formalmente reunía cada mes, entre los comandantes encargados de las plazas de Monterrey, Nuevo León, y Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán y Laredo, Tamaulipas, de ocho a 10 millones de pesos [de 1982 ] en efectivo. Se los entregaba de propia mano en su oportunidad en su propio despacho de la DFS. Él sabía que el dinero provenía en su mayoría de narcóticos e indocumentados.
“Hice alrededor de 12 entregas con el sistema y la cantidad mencionadas y de forma personal a Zorrilla Pérez. Todo esto ocurrió durante 1982 y 1983, cuando fui comandante de la zona fronteriza de Tamaulipas y Nuevo León”.
En los expedientes penales abiertos por el asesinato del periodista Manuel Buendía y los negocios de drogas de Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo existe media docena de declaraciones de agentes de la Federal de Seguridad sosteniendo lo mismo que Chao López: José Antonio Zorrilla Pérez recibía profusamente en sus oficinas o en su casa de la Ciudad de México que debía estar apostado mil kilómetros al norte, en su puesto de trabajo. El relato es el mismo: Chao López entrando con un maletín y saliendo sin él. A nadie escandalizaba la certeza de que el portafolio fuera repleto de billetes.
Chao López no tuvo mayor problema en decir que uno de sus Gran Marquis salió del bolsillo de Caro Quintero, no directamente a su cochera, sino a la de otro comandante de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Ángel Vielma, apostado en ese tiempo en Zacatecas, amigo cercano de Félix Gallardo y uno de los relacionistas del cártel. Vielma presentó, por ejemplo, a Caro con Chao en el bar del Holliday Inn de Mazatlán.
Continuó Chao López:
“La marihuana que se producía y empaquetaba en el rancho del Búfalo era movida hacia Torreón y Tamaulipas. Rafael Caro Quintero arregló con Zorrilla, a través de los comandantes regionales Rafael Aguilar Guajardo y Daniel Acuña Figueroa, este negocio en la cantidad de cinco millones de dólares.
“Zorrilla Pérez extendió diversas credenciales a periodistas, personalidades y narcotraficantes como son los casos de Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Félix Gallardo. Considero que puede agregarse a esta lista a Rafael Aguilar Guajardo –futuro cofundador del Cártel de Juárez– porque a él siempre se le consideró narcotraficante, lo que era conocido por el propio Zorrilla Pérez”.
Chao López volvió al asunto de las entregas de dinero. Aseguró que no sólo él daba en la mano maletines de plata al jefe de la policía política, sino a la mayoría de los comandantes regionales, Daniel Acuña Figueroa, Aguilar Guajardo, Federico Castell y Tomás Morlett, éste último cercano al general Arturo Acosta Chaparro, otro perseguidor de comunistas y eventual aliado del Cártel de Juárez.
“Le entregaba a Zorrilla Pérez en forma mensual cantidades que fluctuaban entre ocho y 10 millones de pesos de aquel tiempo, cuando un carro nuevo Grand Marquis costaba 700 mil u 800 mil pesos”, explicó en la unidad de medida en ese mundo.
La Secretaría de Gobernación a cargo de Manuel Bartlett –hoy senador por el Partido del Trabajo y operador del izquierdista Andrés Manuel López Obrador– sugirió el extensivo uso de las charolas –las acreditaciones que no eran otra cosa sino permisos oficiales para matar, robar, secuestrar, traficar– para explicar la existencia de las acreditaciones de la DFS en manos de los narcotraficantes. El 9 de abril, de ese año, canceló todas las credenciales de sus dependencias de investigación e información.
Pero no era así. El fotógrafo de la Dirección Federal de Seguridad también fue llamado a comparecer:
“Yo fotografié a narcotraficantes para que se les otorgara su identificación de la DFS, a quienes se les indicaba que eran colaboradores, no agentes. De esto tenían conocimiento absoluto el jefe de personal y Zorrilla Pérez porque ellos eran quienes me ordenaban tomar las fotos”.
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Óscar Salvador Contreras, también agente de la DFS coincidió con Chao López en que los responsables de llevar dinero de los plantíos de marihuana y amapola a las instalaciones de la inteligencia mexicana eran Daniel Acuña Figueroa, José Abizaid Gracias, Tomás Morlett Borges y Federico Castell del Oro.
“Las personas antes citadas entraban a la oficina del director con un portafolios y al salir ya no llevaban consigo el maletín. Se sabía que los portafolios iban llenos de dinero e inclusive cuando llegaban dichos comandantes las personas que estaban en el interior salían del lugar para que no hubiera nadie más en la reunión con Zorrilla Pérez.
Los comandantes o coordinadores estatales con mayor poder eran Daniel Acuña y Rafael Chao López. Hasta el jefe de la policía política les temía aunque en ese momento esa parte de la maquinaria se aceitaba con dinero y no con sangre.
Acuña obsequió un Grand Marquis gris blindado a Zorrilla que otro agente, Luis Héctor García Ruiz, El Villano, recogió en el norte del país y luego condujo al Distrito Federal. Caro Quintero regaló otro al subdirector de la DFS Ezequiel Vera.
Zorrilla Pérez recibió otro caballo educado a la escuela española, animal de raza lipizzana y domado en la técnica tradicional española. Los caballos de estas características son símbolo de Viena, Austria.
Cuando el fuego alcanzaba a Zorrilla su cuadra fue puesta a salvo por otro connotado y polémico funcionario de la época. Lo dijo el agente Contreras:
“Los caballos fueron recogidos por un tráiler propiedad de Hank González y trasladados a un sitio que desconozco, pero sé que es hijo de Hank”, dijo en referencia al patriarca del Grupo Atlacomulco, el mismo del que desciende el Presidente Enrique Peña Nieto.
III. Los periodistas
Manuel Buendía mantenía un cercano contacto informativo con Zorrilla, aunque su verdadera relación con esa parte del poder era su amistad con Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los mayores estrategas de la Guerra Sucia. Nacido en Veracruz en 1927, Don Fernando es uno de esos políticos evocados con orgullo, o lo contrario, como ejemplar del monopartidismo de la segunda mitad del siglo pasado, “un priista al que no le temblaba la mano a la hora de gobernar”.
La columna de Buendía, aparecida en el diario Excélsior, remitía desde su nombre a un estilo aún más generalizado de la década de los 80de hacer periodismo, basado en las filtraciones. El espacio informativo se llamaba Red Privada, alusión al sistema de comunicación interna de los altos funcionarios mexicanos en cuyas oficinas se instalaba –y aún se hace– un teléfono rojo para la conversación directa y privada.
Manuel Buendía (Tabasco, 1926) habitó su tiempo. Su asistente, presentado con la pompa de la alta burocracia como su secretario particular, cobraba su sueldo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de donde se le comisionaba, expresamente, a atender las necesidades del periodista. De Buendía se ha insistido que lo asesinaron por la espalda, pues, si su ejecutor lo hubiese abordado de frente se habría encontrado con un hábil tirador.
Esto es cierto.
Buendía practicaba con frecuencia, hasta dos veces por semana, en el stand de tiro de la Dirección Federal de Seguridad. Su compañero habitual de prácticas era el jefe del aparato de espionaje y eventual asesino intelectual, José Antonio Zorrilla Pérez, quien, dicho por el propio exjefe de la policía política, proporcionó al periodista un gafete de la Federal de Seguridad.
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En 1984, Buendía mostró un creciente interés en las relaciones entre la política y el narcotráfico. En las reuniones con sus colegas, incluidos Iván Restrepo, Carlos Monsiváis, Héctor Aguilar Camín, Fernando Benítez y Virgilio Caballero, entre otros, colocaba el tema sobre la mesa.
¿Existen indicios de que Buendía Tellezgirón llevara a la prensa su inquietud por esos nexos?
La investigación sobre su muerte consideró dos artículos aparecidos los días 4 y 14 del mismo mes del asesinato en su columna Red Privada de Excélsior. Se reproducen ambas editoriales no sólo por su valor con respecto al caso o al contexto del crimen organizado de hace tres décadas, sino por su vigencia.
Se lee en el primero:
“Nueve obispos del Pacífico Sur –regiones de Oaxaca y Chiapas– se han unido para hacer una denuncia que el gobierno tal vez no debiera dejar sin respuesta. No es usual que estos nueve coincidan en la firma de un mismo texto porque en el grupo hay por lo menos dos notables protagonistas, al lado de rancios conservadores.
“Así, pues, la unidad tiene en este caso un especial valor que debiera alertar a los políticos. Los obispos exponen una gravísima situación en esta región del país a causa del narcotráfico. Una carta pastoral firmada el 19 de marzo –y que está siendo distribuida profusamente– no coincide con los tranquilizantes informes del Procurador General de la República, respecto al éxito de las campañas contra los estupefacientes. A una sociedad nacional, profundamente alarmada, interesaría aclarar si alguien está metido. He aquí algunos párrafos del documento que suscriben los nueve obispos:
“En nuestro papel de agentes de pastores que tienen acceso a los lugares más apartados de la región y que, sobre todo, tienen acceso al corazón de nuestros pueblos, hemos escuchado el clamor angustioso que se levanta desde las comunidades que están sufriendo los hechos de violencia ocasionados por los estupefacientes. Con base en este clamor, tan extendido, prevemos y tememos, no sin razón, un deterioro mayor y más generalizado de la situación social de las personas y comunidades de nuestra región por causa de las drogas.
“No es nuestra intención hacer una denuncia amarillista de los hechos y de las personas involucradas para que luego se suscite una cacería de brujas, en la que se aprovecha la oportunidad para descabezar movimientos populares dando rienda suelta a rencores personales o a venganzas de unos grupos contra otros. Y que al final de cuenta no remedian nada, sino, más aún, dejan al pueblo sumido en el trauma más espantoso de su vida a causa de la violencia irracional que todo esto provoca [...]
“Por la falta de fertilizantes y maquinaria para hacer producir mejor la tierra y por la extrema pobreza de indígenas y campesinos, muchos han caído en manos de mafias, nacionales y extranjeras, que los convencen para sembrar marihuana, quitando espacio a la agricultura [...]
“Hoy las cosas son aún más graves [...] La siembra de marihuana se ha incrementado en los últimos años. Áreas cada vez más amplias de tierra se han ido incorporando al cultivo de esta hierba, no sólo de zonas apartadas e inhóspitas, sino incluso de lugares muy accesibles. Desafortunadamente la mayoría de ellas son de comunidades indígenas. No podemos dejar de afirmarlo: hay un porcentaje cada vez mayor de tierras laborables de nuestros dos estados, Oaxaca y Chiapas, que están siendo ocupados para la siembra de estupefacientes.
“Existe una red perfectamente organizada para proporcionar semilla, el crédito, los fertilizantes y demás insumos; para supervisar técnicamente el tiempo de siembras, de barbecho y de cosechas, e incluso para atacar posibles plagas; para recoger el producto, empacarlo y almacenarlo. Existe también un bien equipado sistema de transportación de hierba que cuenta con camionetas, tráileres y hasta pistas clandestinas donde bajan avionetas particulares. Todo lo cual le da ante los campesinos indígenas una apariencia de bondad y legalidad.
“Las mafias que controlan el tráfico de la droga están perfectamente organizadas, a nivel nacional e internacional, para asegurar sus fines. Y no se tientan el corazón para engañar, sobornar, amenazar y matar si sus intereses así lo requieren. La siembra de marihuana y de la amapola en nuestra región no se puede explicar si no se toma en cuenta el enorme poder que tienen estas mafias nacionales e internacionales, que pueden poner bajo su dominio, casi absoluto, a grandes zonas de nuestra región.
“Pero tampoco se puede explicar el poder tan grande que tienen las mafias en nuestra región y la impunidad y descaro con que actúan despreciando las leyes nacionales si no se supone que existe en este negocio complicidad, directa o indirecta, de altos funcionarios públicos a nivel estatal y federal [...]”.
Esta es la segunda colaboración de Buendía aludida líneas atrás:
“El procurador General de la República y el Secretario de la Defensa no deberían ignorar por más tiempo la advertencia que hicieron desde marzo los nueve obispos del Pacífico Sur, respecto al significado político que puede tener el incremento del narcotráfico en nuestro país, específicamente en los estados de Oaxaca y Chiapas. Tal como lo plantean –y se desprende también de otras informaciones– este asunto involucra la seguridad nacional.
“Estos nueve dirigentes eclesiásticos coinciden con lo que saben otros observadores. Dicen que en este sucio negocio ‘existe complicidad directa o indirecta de altos funcionarios públicos a nivel estatal y federal…’. La lista de estos países en donde los narcotraficantes han tenido “decisiva influencia política” incluyen no sólo a Italia, sino a otros cercanos a nosotros geográficamente y ligados por una complicada urdimbre de relaciones. Bolivia y Colombia son dos de estos países… nadie ignora como en esos dos países los estupefacientes y la política han ido muchas veces de la mano. Pero es en Estados Unidos donde se da el fenómeno no sólo para su propia sociedad, sino para los países del continente, especialmente México.
“El contubernio de políticos y miembros del crimen organizado –que incluye el comercio clandestino de enervantes– es cosa vieja en el esquema norteamericano y un pilar para la ampliación constante del mercado, que estimula en otros territorios, como el nuestro, la producción.
“La denuncia de los nueve obispos no parece exagerada al decir que existe para México el peligro de la interferencia extranjera en nuestros ‘asuntos patrios’ por la vía de las mafias internacionales. Más bien se quedaron cortos. Ellos debieron haber señalado que en México ya se dio el caso de que ciertos hechos políticos, en el pasado inmediato, fueran marcados por la influencia de un notorio traficante de narcóticos.
“La corrupción es un fenómeno esencialmente político, fue incrementando durante el sexenio pasado, en una medida en realidad incontrastable, por los intereses de ese narcotraficante que ejerció su actividad casi a la luz pública. Pero con DURAZO [mayúsculas de Buendía] o no, la mafia internacional del narcotráfico ha incrementado evidentemente sus actividades en México, de 1982 a la fecha, y esto como señalan nueve obispos no se puede lograr sin complicidades internas”.
***
A fines de febrero o principios de marzo de 1984, Buendía requirió a su auxiliar la colocación de un aparato de grabación de una llamada telefónica que tendría con Zorrilla Pérez. Fue una conversación acalorada. Discutieron sobre algún asunto que involucraba inmigrantes cubanos y algo más que el secretario del periodista no logró escuchar.
Lo cierto es que la relación entre Buendía y Zorrilla se cuarteaba.
El 7 de febrero de 1990 María Dolores Ávalos Viuda de Buendía atravesó una declaración más ante el juez. La mujer dio detalles del estado de la relación entre Buendía y Zorrilla Pérez, el hombre que la abrazara ante el cadáver de su marido asesinado.
Preguntaba el fiscal:
–Que nos diga la testigo si recuerda cuándo fue la última vez que José Antonio Zorrilla Pérez llamó al domicilio particular de Manuel Buendía en vida éste último.
–Más o menos unos 15 días antes, en la madrugada que fue antes de su asesinato.
–Que nos diga la testigo si se percató de la hora aproximada que hizo la llamada telefónica José Antonio Zorrilla Pérez y que dice fue 15 días antes de su asesinato.
–Más o menos a las cuatro y cinco de la mañana.
–Que nos diga la testigo si se enteró del contenido de la llamada a que se ha referido a las dos preguntas anteriores.
–Más o menos.
–Que nos diga la testigo en qué consiste más o menos.
–De lo que se puede enterar una sola persona por la otra que está en una línea que no se oye; oídas las palabras de Manuel que le dirigió al señor Zorrilla, si repite todo lo que él dijo fue: ‘¡Retírate!… ¿Qué estás haciendo?... ¡Vete!… ¡Sal del país, estoy enterado de muchas cosas, vete!
“Manuel estaba muy molesto”, continuó la viuda, “dijo palabras altisonantes y colgó la bocina. Le pregunté de qué se trataba. Él dijo que era el señor Zorrilla el que hablaba, que estaba en bastantes dificultades y estaba involucrado con el narcotráfico”.
Estaba a días de su muerte. Fue asesinado el 30 de mayo de 1985 a las afueras de sus oficinas, en la avenida Insurgentes casi esquina con Reforma.
El joven asesino calzaba tenis, vestía pantalón de mezclilla, playera y gorra: el uniforme de un espía mexicano de la época cuando actuaba como asesino. Cuando la ejecución estaba prevista en el Distrito Federal solían traer al policía de algún estado. Lo acondicionaban, enseñaban a tirar a la perfección en las condiciones previstas de la ejecución y estudiaban sus reacciones ante diferentes eventualidades. El proceso era conocido por Esqueda, un viejo amigo y enemigo reciente de José Antonio Zorrilla Pérez.
Según los resultados de la investigación, le disparó Juan Rafael Moro Ávila por órdenes directas de José Antonio Zorrilla Pérez y acuerdo con el jefe de la Brigada Especial, Juventino Prado.
Minutos después del homicidio, la mujer de Buendía se arrodilló ante el cadáver del periodista.
–¡Manuel! ¿Ya ves? ¡Te dije que te iban a matar y ya te mataron!
Visiblemente consternado, Zorrilla tomó de los brazos a la mujer y la atrajo para abrazarla.
***
No fue la única actuación de Zorrilla Pérez. Al año siguiente fingió absoluta consternación por la muerte de un amigo de la juventud, José Luis Esqueda, también funcionario de gobierno y quien había tenido paso por la Dirección Federal de Seguridad.
Esqueda fungió como Coordinador para los Estados y Municipios de la Secretaría de Gobernación. En un viaje que realizó en 1984 a Guadalajara encontró que la ciudad estaba tomada por el Cártel de los sinaloenses y que poco salía de su propiedad. Ciertamente no quedaban excluidas las policías municipales, estatales ni los destacamentos de las agencias federales, incluida la dirigida por su amigo Zorrilla Pérez.
Esqueda adquirió una actitud de decepción y confrontó a Zorrilla Pérez.
–¡Te voy a partir tu madre! –reviró Zorrilla mientras le apuntó con una pistola debajo de la mesa de un restaurante.
–Pues, me tendrás que mandar a matar porque tú no tienes los huevos para hacerlo y partirte la madre conmigo –repuso Esqueda.
En adelante, Zorrilla comisionó a sus agentes para seguir e intimidar a su viejo amigo y Esqueda comenzó a acumular información sobre el director de la Federal de Seguridad y pronto integró un grueso expediente.
Esqueda también conocía a Buendía y, según coincidieron amigos, una amante y la esposa de Esqueda, éste entregó los papeles al autor de Red Privada. Pero antes –y en esto coinciden los testimonios– los colocó en el escritorio de “la superioridad”, título con que los trabajadores de la Secretaría de Gobernación se referían al secretario, a Manuel Bartlett.
José Luis Esqueda Gutiérrez murió asesinado el 16 de febrero de 1985, nueve días después que Camarena lo cual no fue asunto de interés de la DEA ni del FBI, aun cuando al poco tiempo de la muerte de Kiki quedó clara la responsabilidad, al menos material, de efectivos de la Dirección Federal de Seguridad en la ejecución de su agente.
No está clara la existencia de la lista de funcionarios públicos al servicio de los gánsteres o que ésta se haya producido como consecuencia de las investigaciones surgidas tras los asesinatos de Buendía, Camarena y Esqueda, relacionados entre sí por haber sido efectuados por agentes de la Federal de Seguridad.
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La investigación de los asesinatos de Buendía y Esqueda correspondió a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal al tratarse de un homicidio pretendidamente cometido por la delincuencia común.
De manera resumida, la escena política en el Distrito Federal tenía en el protagónico a Ramón Aguirre Velázquez, jefe del entonces Departamento del Distrito Federal entre 1982 y 1988.
Antes fue secretario de Programación y Presupuesto, cartera en que sucedió a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari, ambos presidentes de la República, así que Aguirre Velázquez tenía alguna relevancia nacional. En la regencia capitalina le tocó llevar la pretendida renovación moral convocada por De la Madrid, luego del pronunciado deterioro institucional ocasionado por la corrupción ocurrida durante las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo.
Los resultados de esa campaña llevaron a calificarla como simulación, mientras que en el recuerdo de la ciudad Aguirre Velázquez aparece como un alcohólico incapaz de reaccionar tras los sismos de 1985, lo que significó el comienzo del fin del PRI en el Distrito Federal.
De regreso al asesinato de Buendía, la hipótesis más atendida al inicio del caso consideró la responsabilidad de un empresario alemán asentado en Durango, a quien el periodista mostrara en su columna de Excélsior como un contrabandista internacional de armas con pasado nazi. La información proporcionada por la propia Federal de Seguridad llevó a la deportación de ese hombre quien, por cierto, sí perteneció a la SS.
Las declaraciones sobre las conexiones de ese hombre con otros nazis refugiados en América Latina componen otra historia documentada qué contar.
La procuraduría consideró como móviles del crimen los amoríos de Buendía y las columnas del periodista destinadas a criticar la facción más conservadora de la Iglesia Católica o a señalar los grupos estudiantiles reaccionarios de Guadalajara.
Las acusaciones contra el alemán no prosperaron y el tema fue llevado al refrigerador hasta el siguiente sexenio.
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El intento de salida para Zorrilla fue su postulación para una diputación federal por el PRI. Renunció al cargo de director de la DFS el 1 de marzo de 1985, pero aún en los años del descaro era demasiado costoso mantenerlo políticamente vivo y se vio forzado a declinar sus aspiraciones políticas –y de fuero– el 24 de mayo de ese mismo año.
Para dejar bien claro que el partido y el gobierno eran una misma entidad la Secretaría de Gobernación explicó la situación:
“El Partido Revolucionario Institucional informó que en razón de que con posterioridad a su postulación han sido discutidos por la opinión pública hechos relacionados con su función anterior, sin prejuzgar dichos hechos, procedió a aceptar su renuncia a la candidatura ya mencionada.
“Aún sin existir pruebas o elementos fundados para presumir la responsabilidad penal del director, los hechos arriba referidos acreditan que le es imputable ineficiencia administrativa habida cuenta de que ejerció un deficiente control sobre la acción de los comandantes y los agentes a que se ha hecho referencia y que permitió el ingreso de agentes que no reunían los requisitos básicos para hacerse cargo del servicio de las funciones que le corresponden”.
Lo que luego ocurrió fue la desaparición de Zorrilla Pérez durante casi cuatro años. La administración federal de Carlos Salinas de Gortari y la del Distrito Federal de Manuel Camacho Solís reabrieron el expediente e imputaron a Zorrilla Pérez, procesado en los juzgados Cuarto y Trigésimo Cuarto.
IV. Más crímenes que castigo
Si se quiere ver cómo agentes de la Dirección Federal de Seguridad vivían por encima de cualquier sueldo obtenido con honestidad y cómo los usos y costumbres de narcos y policías eran la misma cosa en la década de los80 sólo falta ver la descripción de los objetos que llevaban consigo algunos de los cómplices del crimen de Buendía cuando ingresaron a prisión:
*Juventino Prado Hurtado, el jefe de la Brigada Especial de la Dirección Federal de Seguridad. Tenía 37 años en 1989, era casado, michoacano, tenía sólo la secundaria concluida. Vivía en la colonia Clavería, una de las pocas zonas consideradas de clase media alta de la delegación Azcapotzalco del DF. Llevaba un Reloj Rolex Oyster Perpetual modelo GM Master automático y una cartera rota de piel café con 1 millón 272 mil pesos.
*Raúl Pérez Carmona, comandante adscrito a la Brigada Especial. En 1989 tenía 45 años de edad y estaba casado. Es originario del Distrito Federal, con escolaridad del primer año de preparatoria. Vivía en la calle Paseos de Taxqueña y en 1989 era subdirector operativo de la Secretaría de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal. Reloj Rolex Oyster Perpetual modelo GM Master automático, con carátula negra, caja y pulsera de acero y oro de 14 quilates.
*Sofía Naya Suárez, agente de la Brigada. Fue detenida mientras usaba un reloj para dama marca Rolex Cellini con carátula negra, números romanos, caja de oro de 18 quilates y pulsera de piel. Una gargantilla planchada de oro de 14 quilates, un anillo con un brillante corte limpio blanco, tres argollas unidas de oro combinado, pulserita trenzada combinada de oro, anteojos de sol italianos y 53 mil 400 pesos.
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El 31 de agosto de 1989 el juez llamó a Caro Quintero para que testificara. Con el cabello alborotado, los ojos achinados y el bigote orgulloso, pero extraño sin llevar a la vista un solo gramo de oro, el narcotraficante se paseó por el cubo de la rejilla de prácticas. A su lado, José Antonio Zorrilla Pérez lucía más frío.
Con tono plano, la secretaria del juzgado exhortó a Caro Quintero para que se condujera con la verdad. A lado de la funcionaria judicial, el fiscal y el abogado del exdirector Federal de Seguridad miraron al hombre acercarse a los barrotes. La mujer le recordó que debía responder a los cuestionamientos. El sinaloense se aseguró que lo escuchara.
–Yo ya estoy sentenciado, no quiero declarar –e incrementó el volumen de su voz– ¡Y chinguen a su madre!
Zorrilla Pérez se le acercó y le pidió hablar. Le propuso que sólo respondiera las preguntas de su defensor. Así hizo el narcotraficante y, fundamentalmente, afirmó conocer al exfuncionario hasta el momento en que se encontraron presos los dos en el Reclusorio Norte.
Al juez no le gustó la invitación que le hizo el contrabandista y empleó el momento como un elemento probatorio por sí mismo en términos de que, si Caro era renuente con la autoridad y condescendiente con el acusado, existía relación anterior entre los dos –oficialmente –criminales.
El juzgador concluyó respecto de las complicidades de Zorrilla:
“Teniendo el carácter de servidor público y aprovechando su cargo permitió en el año de 1984 la siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento y transportación de marihuana en el rancho El Búfalo que se ubica en el estado de Chihuahua, además extendió credenciales de una dependencia gubernamental a personas ajenas a la misma, dedicadas al narcotráfico, recibiendo por ello grandes cantidades de dinero [...]”.
“José Zorrilla Pérez se encontraba relacionado ilícitamente con narcotraficantes a quienes les había expedido credenciales de la DFS para realizar actividades ilícitas, circunstancia que fue descubierta por el periodista Manuel Buendía Tellezgirón [...] Concibe la idea de privar de la vida a Manuel Buendía Tellezgirón en razón de que éste había descubierto las actividades delictivas en las cuales estaba implicado”.
Recibió una sentencia de 29 años, cuatro meses y 15 días únicamente por el asesinato de Buendía, condena que cumplirá el próximo año, aunque podría dejar la prisión en cualquier momento al mantener su reclamo de libertad anticipada y objetar sus padecimientos de salud al encierro.
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¿Qué hay en la mente de un hombre que entrega su nación al narcotráfico?
Durante su encarcelamiento, el exjefe de la policía política resolvió en distintas ocasiones los exámenes psicológicos de las prisiones capitalinas por las que transitó: los Reclusorios Norte y Oriente y la Penitenciaría del Distrito Federal.
Los psicólogos que estudiaron a Zorrilla concluyeron, tras analizar sus dibujos de casas y personas, de revisar las frases con que proponía concluir ideas incompletas, de calcular sus tendencias psicopáticas, esquizoides o histéricas, [que]:
“Estructuró una personalidad egocéntrica, lábil y manipuladora, fantaseando con gran cantidad de metas y gran ambición para alcanzarlas [...] Busca reconocimiento y aceptación social; utiliza el mecanismo de defensa de la fantasía para compensar, modificando su relación con las figuras que le representan autoridad, logrando acatar las normas y reglas establecidas.
“Sujeto egocéntrico, con rasgos narcisistas; sus relaciones interpersonales se caracterizan por ser de tipo utilitario ya que busca sacar provecho de los demás aunado a que busca reconocimiento social.
“Desvirtuada introyección de normas y valores sociales; oportunista, bajo control de impulsos, aunado a su entorno laboral, lo llevan a la comisión del delito. Niega su comisión”.
Zorrilla Pérez se ve más viejo de lo que es.
Ya compurgó las sentencias por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, portación de arma de fuego de uso exclusivo para las Fuerzas Armas y en cualquier momento quedará en libertad por el asesinato de Buendía, único por el que se le condenó.
Es decir, el sistema de justicia mexicano lo sentenció por cometer un asesinato para proteger una red del narcotráfico, pero se negó a responsabilizarlo como un narcotraficante. No uno cualquiera, sino un cofundador del narcoestado mexicano.
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El número de muertos y desaparecidos dejados por la Guerra Sucia en México es aún incierto. A pesar de los dos sexenios de alternancia política, el priismo logró frenar cualquier llamado a cuentas al expresidente Luis Echeverría y a realizar un exhaustivo ejercicio de revisión histórica.
La Organización de las Naciones Unidas ha recibido 374 denuncias relacionadas con crímenes de Estado ocurridos entre 1960 y 1980. El Comité Eureka concentra 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de 1980.
A la vez que la Dirección Federal de Seguridad y, más específicamente, su Brigada Especial perseguían, secuestraban, torturaban, asesinaban y desaparecían disidentes, prohijaba el establecimiento de las estructuras del narcotráfico que se consolidaron en los actuales cárteles. .
Las alianzas entre la policía política y el narcotráfico, en ese tiempo subordinado, sembraron el presente del poder fáctico del crimen organizado.
Los muertos y desaparecidos ya no son asunto de cientos, sino de decenas de miles.
Todo esto en los años en que nada existía bajo el sol sin el conocimiento del Presidente de la República.
Manuel Bartlett, el secretario de gobernación en el sexenio de 1982 a 1988, egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM. En su examen profesional realizó la tesis “La obligación del Estado de reparar los daños que cause”. Bartlett recibió una mención honorífica.
Tras la fundición del Cártel de Guadalajara, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, —uno de los barones de las drogas con menor jerarquía que Caro, Fonseca y Félix Gallardo, pero con una habilidad negociadora que recuerda a los hombres de paz en El Padrino de Mario Puzzo— convocó a los sobrevivientes antes de que cada uno debiera cumplir con su obligatorio paso por la prisión, él incluido.
Los narcos se convencieron de que todos cabían en el creciente mercado de las drogas –luego se darían cuenta, y de la peor forma, que no era sí–. Dueños de las almas de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad que migraron a la Policía Judicial Federal, convinieron la constitución de cuatro cárteles: Tijuana, —para los hermanos Arellano Félix, sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo y Jesús Labra—, Sinaloa, encabezado por Joaquín, El Chapo, Guzmán, Juárez, para Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos y del Golfo, en manos de Juan García Ábrego con el respaldo de Rafael Chao López.
La República de las Drogas estaba fundada. *
Mañana: ¿Qué pasa por la mente de El Azul, el capo negociador?
Fuentes:
*Causa penal 104/89 y acumulada 101/89 instruidas contra José Antonio Zorrilla Pérez, Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona, Juan Rafael Moro Ávila y Sofía Naya Suárez por el asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón.
*Causa penal número 28/85 y su acumulada 229/85, acumuladas asimismo en las causas 190/84 y 191/84 instruida en contra de Rafael Caro Quintero y Ernesto Rafael Fonseca Carrillo y otros por los delitos contra la salud en sus modalidades de siembra, cultivo, cosecha, transportación y venta de marihuana.
*Sentencia del Juez Primero de Distrito en Materia Penal con sede en Jalisco en el expediente 117/85 instruido contra Armando Pavón Reyes.
*Causa 111/89 instruida en el Juzgado Cuarto Penal en el DF por el delito de homicidio en contra de Zorrilla Pérez y Alberto Guadalupe Estrella Barrera
*Acta de la Policía Judicial de 3 de julio de 1989 glosada a la averiguación previa 2767/D/89 que dio origen a la causa penal 137/89 del Juzgado Tercero de Distrito en materia penal en el DF
*Boletín informativo de la Secretaría de Gobernación de 3 de junio de 1985.
*Estudios de personalidad hechos a José Antonio Zorrilla Pérez entre 1989 y 2009 en las cárceles de la Ciudad de México.
